Tema 12 - Oposición CNP


1. LA UNIÓN EUROPEA

1.1 Referencia histórica.

Después de la SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, y para que no vuelva a ocurrir una hecatombe parecida, se plantea por parte de los europeos copiar el sistema de los Estados Unidos, dando lugar al origen de la U.E..

La firma del Tratado de París en 1951 da lugar a la CECA ( Comunidad Económica del Carbón y del Acero ), dando lugar a la Europa de los SEIS ( Benelux + Italia, Francia y Alemania ).

La firma del Tratado de Roma en 1957 da lugar a la CEE ( Comunidad Económica Europea ) y a la CEEA o EURATOM ( Comunidad Europea de la Energía Atómica ).

España, entró junto con Portugal en la TERCERA AMPLIACIÓN el 1 de ENERO DE 1.986.

El ingreso de Rumania y Bulgaria está previsto para el año 2.007.

1.2 El Tratado de Roma ( firmado en 1957, entró en vigor el 01/01/1958 )

Pretende la creación de un mercado común entre los Estados miembros, a lo largo de un período de transición de 12 años, mediante la fusión de los espacios económicos en uno solo, semejante al funcionamiento de un mercado nacional. Surgiendo las 4 Libertades Fundamentales.

1.3 El Acta Única Europea ( firmado en Luxemburgo y la Haya en 1986, entró en vigor el
01/07/1986 )

Instituye formalmente el Consejo Europeo y establece el día 31/12/1992, como la fecha tope para que el Mercado Interior ( sin fronteras interiores ) funcione plenamente y de acuerdo a las Cuatro Libertades Fundamentales.

1.4 El Tratado de la Unión Europea ( Maastricht, 1992)

El Periodo de adaptación al Euro fue entre el 01/01/1999 y el 01/01/2002, en el que convivirían las monedas nacionales junto con el euro, y al final de dicho período desaparecerían las monedas nacionales.

1.5 El Tratado de Ámsterdam (firmado en 1997, entró en vigor 01/05/1999)

Cooperación reforzada entre Grupos de Países en determinadas materias (Schengen).

1.6 El Tratado de Niza (Autorizado en Consejo de Ministros de 23/02/2001)

Impulsa las siguientes Novedades: Parlamento Europeo, Consejo de Ministros, Comisión,

Cooperación Judicial Penal y Lugar de Reunión del Consejo Europeo

2. EL DERECHO DERIVADO

- Las fuentes del Derecho Comunitario son: el Derecho Primario u Originario, el Derecho Derivado y Complementario y Otras Fuentes.

- Dentro de los Actos Típicos se encuentran:

Los Reglamentos: Equivalen a lo que en un Ordenamiento interno es la Ley.

Las Directivas: Son normas que vinculan al Estado o Estados a los que van dirigidas en cuanto a los objetivos perseguidos; al tiempo que delegan en las autoridades nacionales el poder elegir, la forma y los medios que han de utilizarse.

Las Decisiones: Son Actos Individuales no normativos.

Las Recomendaciones: Son sugerencias de las Instituciones Comunitarias a los Estados miembros para que actúen en un determinado sentido en relación con materias concretas.

Los Dictámenes: Son una manifestación sobre una cuestión en particular

3. INSTITUCIONES MÁS IMPORTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA

3.1 Introducción

PODER EJECUTIVO – Consejo y Comisión
PODER LEGISLATIVO – Consejo, Comisión y Parlamento
PODER JUDICIAL – Tribunal de Justicia

3.2 Parlamento Europeo

Idea de partidos políticos.

Compuesto por 732 diputados, elegidos cada CINCO años por sufragio universal y directo en cada Estado miembro, a España le corresponden 54.

3.3 El Consejo

Idea de Ministros de los Países

Es el órgano principal de decisión, que representa los intereses de los Estados miembros a nivel comunitario, desempeñando también la función de Cámara Legislativa

Sus reuniones las prepara el Comité de Representantes Permanentes ( COREPER ), integrado por los Embajadores de los 25 Estados.

3.4 La Comisión Europea

Idea de defensa de los intereses de la U.E. frente a los Países miembros

Ha entrado a ejercer sus funciones el día 01/11/2004, la misma está constituida por 25 miembros, a razón de un representante por cada Estado miembro.

3.5 El Tribunal de Justicia de la C.E.

Sede en Luxemburgo, en 1.989 se le adjuntó el Tribunal de Primera Instancia, competente para conocer de litigios en los que pueden ser partes de los Estados miembros, las Instituciones Comunitarias, las Empresas y los particulares.

Formado por un Juez por cada Estado miembro y 8 Abogados Generales

Cada 3 años tendrá lugar una renovación parcial de los Jueces y Abogados Generales

3.6 El Tribunal de Cuentas

Sede en Luxemburgo.

Controla Ingresos y Gastos de la Comunidad.

Compuesto por 25 miembros, uno por cada Estado, nombrados por un período de 6 años por decisión unánime del Consejo de la Unión, previa consulta al Parlamento.

3.7 El Banco Central Europeo

Instaurado en la zona de influencia del Euro, (los 25 a excepción de Reino Unido, Dinamarca y Suecia, todos ellos por decisión propia).

3.8 El Consejo Europeo

Compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y por el Presidente de la Comisión Europea.

Se encuentra incardinada la figura del P.E.S.C. ( Alto representante de la Unión para la Política Exterior de Seguridad Común)

3.9 El Comité Económico y Social

Órgano de carácter consultivo, compuesto por los representantes de los empresarios, sindicatos y asociaciones de consumidores.

Formado por 317 Consejeros.

3.10 El Comité de las Regiones

Órgano de carácter consultivo.

Compuesto por los representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato electoral en un ente regional y local.

3.11 El Banco Europeo de Inversiones

Es una Institución de Derecho Público autónoma, que concede préstamos a largo plazo, tanto a empresas privadas como a los entes públicos para financiar inversiones y contribuir de esta forma al desarrollo equilibrado de la Comunidad, actúa como entidad financiera.

3.12 El Defensor del Pueblo

El Parlamento Europeo nombrará un Defensor del Pueblo, que estará facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia.  

VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su ejercicio.

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral».

En la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre ésta, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas las formas de violencia de género. Ya no es un «delito invisible», sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social.

Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

En los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; además de las leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales, sociales o educativos a través de sus respectivas normativas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Ley de Medidas de Protección integral contra la violencia de género pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Al respecto se puede citar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer de 1979; la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la Mujer, proclamada en diciembre de

1993 por la Asamblea General; las Resoluciones de la última Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del Parlamento Europeo de julio de 1997; la

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, entre otros. Muy recientemente, la Decisión n.°803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II), ha fijado la posición y estrategia de los representantes de la ciudadanía de la Unión al respecto.

El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que

La Ley de Medidas de Protección integral contra la violencia de género se estructura en un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

1.1.   PRINCIPIOS RECTORES

A través de la Ley 1/2004, de Medidas de Protección integral contra la violencia de género, se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines:

Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.

Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.

Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico.

Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarías que sufran violencia de género.

Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social.

Establecer  un  sistema  integral  de  tutela  institucional  en  el  que  la

Administración  General  del  Estado,  a  través  de  la  Delegación

Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley.

Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.

Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.

Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género.

Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas.

Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.

1.2.        MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 

Como primer paso para alcanzar la totalidad de los principios rectores anteriormente expuestos, se hace necesario la determinación inicial de una serie de medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención en diferentes ámbitos. En el educativo se especifican las obligaciones del sistema para la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar una formación integral que les permita conformar su propia identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y valoración ética de la misma.

En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular, incorporando en todos los Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medidas educativas a favor de la igualdad y contra la violencia sobre la mujer.

En el campo de la publicidad, ésta habrá de respetar la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios de comunicación públicos como en los privados. De otro lado, se modifica la acción de cesación o rectificación de la publicidad legitimando a las instituciones y asociaciones que trabajan a favor de la igualdad entre hombres y mujeres para su ejercicio.

En el ámbito sanitario se contemplan actuaciones de detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas, así como la aplicación de protocolos sanitarios ante las agresiones derivadas de la violencia objeto de esta

Ley, que se remitirán a los Tribunales correspondientes con objeto de agilizar el procedimiento judicial. Asimismo, se crea, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una Comisión encargada de apoyar técnicamente, coordinar y evaluar las medidas sanitarias establecidas en la Ley.

1.2.1.      PLANES DE SENSIBILIZACIÓN

Una vez que la Ley entra en vigor, se pone en marcha un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género que como mínimo recoge los siguientes elementos:

- Que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de las relaciones de género.

- Dirigido tanto a hombres como a mujeres, desde un trabajo comunitario e intercultural.

- Que contemple un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones.

Dicho Plan será controlado por una Comisión de amplia participación, en la que se ha de asegurar la presencia de los afectados, las instituciones, los profesionales y de personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos temas.

Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género.

1.2.2.      EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

El sistema educativo español incluye entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.

Así, en la Educación Infantil se debe contribuir a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos, mientras que en la Educación Primaria se contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos.

La Educación Secundaria Obligatoria se intentará desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y en las Universidades se incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.

La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres.

Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas deben velar para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. Asimismo, se adoptan las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para:

• La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

• La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas.

• El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.

También  se  adoptarán  las  medidas  precisas  para  asegurar  que  los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio nacional.

Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género.

1.2.3. EN EL ÁMBITO DE LA PUBLICIDAD Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre. General de Publicidad, se considera ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. A tal efecto, el Ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones debe adoptar las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones por parte de otras entidades.

La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer están legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer.

Las Administraciones Públicas deben velar por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social.

1.2.4.      EN EL ÁMBITO SANITARIO

Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tienen que promover e impulsar actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y proponer las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia.

En particular, deben desarrollarse programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de género a mlas que hace referencia la Ley contra la violencia de género.

Las Administraciones educativas competentes asegurarán que en los ámbitos curriculares de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización de las profesiones sociosanitarias, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta forma de violencia.

En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá una Comisión contra la violencia de género que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias anteiormente citadas, evalúe y proponga las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de esta forma de violencia.

La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estará compuesta por representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

1.3.        DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1.3.1.1. DERECHO A LA INFORMACIÓN, A LA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL Y A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley de

Medidas de Protección integral contra la violencia de género

La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género deben contribuir a hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.

A tal efecto, las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas. Dicha información comprenderá las medidas relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.

Además, se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos.

Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas de violencia de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho.

Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

La atención multidisciplinar implicará especialmente:

- Información a las víctimas. 

- Atención psicológica.

- Apoyo social.

- Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.

- Apoyo educativo a la unidad familiar.

- Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.

- Apoyo a la formación e inserción laboral.

Los servicios deben adoptar fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los principios indicados con anterioridad.

Estos  servicios  actuarán  coordinadamente  y  en  colaboración  con  los Cuerpos de Seguridad, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito geográfico correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al Juez las medidas urgentes que consideren necesarias.

También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida. A estos efectos, los servicios sociales deben contar con personal específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género.

Igualmente, las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.

En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éstas deberán abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.

1.3.1.2.         DERECHOS LABORALES Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La trabajadora víctima de violencia de género tiene derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo .

En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el párrafo anterior darán lugar a situación legal de desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo.

Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo.

Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social.

Asimismo, su situación será considerada como asimilada al alta.

En el marco del Plan de Empleo del Reino de España, se incluirá un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo. Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.

1.3.1.3.         DERECHOS DE LAS FUNCIONARÍAS PÚBLICAS

La funcionaría víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.

Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaría se considerarán justificadas en los términos que se determine en su legislación específica. 

1.3.1.4.         DERECHOS ECONÓMICOS

Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.

El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, el importe sería equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo.

Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En la tramitación del procedimiento de concesión, debe incorporarse informe del Servicio Público de Empleo referido a la previsibilidad de que la aplicación del programa de empleo no incide de forma sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima.

En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100.

Asimismo serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.

1.4.   TUTELA INSTITUCIONAL

En el título III de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, concerniente a laTutela Institucional, se procede a la creación de dos órganos administrativos. En primer lugar, la Delegación

Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que corresponderá, entre otras funciones, proponer la política del Gobierno en relación con la violencia sobre la mujer y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia, que necesariamente habrán de comprender todas aquellas actuaciones que hagan efectiva la garantía de los derechos de las mujeres. También se crea el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como un órgano colegiado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que tendrá como principales funciones servir como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la mujer, así como asesorar y colaborar con el Delegado en la elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia.

De  igual  forma,  se  hace  referencia  a  las  medidas  a  adoptar  por  las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lo casos a tratar de dicha violencia domética.

1.4.1. LA DELEGACIÓN ESPECIAL DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se encarga de formular las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno, y coordina e impulsa cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en colaboración y coordinación con las Administraciones con competencia en la materia.

El titular de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer estará legitimado ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en la Ley de Violencia de Género en colaboración y coordinación con las Administraciones con competencias en la materia.

1.4.2.      OBSERVATORIO   ESTATAL   DE   VIOLENCIA   SOBRE   LA MUJER

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se constituye como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Estos informes, estudios y propuestas considerarán de forma especial la situación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder a los servicios. En cualquier caso, los datos contenidos en dichos informes, estudios y propuestas se consignarán desagregados por sexo.

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer, con determinación de los tipos penales que se hayan aplicado, y de la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas. El informe destacará asimismo las necesidades de reforma legal con objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las mujeres.

1.4.3.      FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

El Gobierno establecerá, en las Estado, unidades especializadas género y en el control de la adoptadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del en la prevención de la violencia de ejecución de las medidas judiciales

Asimismo, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, debe promover las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en la Ley de violencia de género o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal.

La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá de tener en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género.

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO

Aprobado en la reunión del 10-6-04 por la Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia

Doméstica, recoge la forma de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.

Así, con la finalidad de prestar una atención preferente a la asistencia y protección de las mujeres que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar y amortiguar, en la medida de lo posible, los efectos de dicho maltrato, se potenciará la presencia, en todas las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de funcionarios especializados en el tratamiento de la violencia doméstica y de género.

De conformidad con las líneas de actuación y el marco general fijado por este Protocolo, las Comunidades Autónomas con Polícia Autonómica propia y con competencias en materia de Justicia podrán establecer Protocolos de actuación concretos para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género de su respectivo ámbito territorial.

2.1.        ACTUACIÓN EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

Desde el mismo momento en que tengan conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal en materia de violencia doméstica, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizarán las siguientes actuaciones que se detallan a continuación.

Por su relevancia para establecer las medidas policiales y judiciales que deban adoptarse en cada caso, así como el orden de prioridad que deba asignarse al seguimiento de las mismas, se realizarán acciones de averiguación para determinar la existencia y la intensidad de la situación de riesgo para la/s víctima/s, en concreto:

Se procederá a la inmediata y exhaustiva toma de declaración de la víctima y los testigos, si los hubiera. Si lo solicita la víctima, se requerirá la presencia de Abogado perteneciente al Servicio de Guardia de 24 horas allí donde exista este recurso y en la forma en la que se preste, permitiéndole en este caso conocer el contenido del atestado.

Se recabará urgentemente, si se observan indicios de la existencia de infracción penal, información de los vecinos y personas del entorno familiar, laboral, escolar, Servicios Sociales, etc., acerca de cualesquiera malos tratos anteriores por parte del presunto agresor, así como de su personalidad y posibles adicciones.

Se verificará la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores en relación con la víctima o el presunto agresor, así como los antecedentes de este último y posibles partes de lesiones de la víctima remitidos por los servicios médicos.

Se comprobará la existencia de medidas de protección establecidas con anterioridad por la Autoridad Judicial en relación con las personas implicadas. A estos efectos y en todos los casos, se procederá a consultar los datos existentes en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

Se establecerán mecanismos que permitan una comunicación fluida y permanente entre la/s víctima/s y el Cuerpo o Fuerza de Seguridad correspondiente, con objeto de disponer inmediatamente de los datos necesarios para valorar la situación de riesgo en cada momento, y a tal efecto, siempre que sea posible:

- Se asignará dicha función a personal con formación especializada en la asistencia y protección de las víctimas de violencia doméstica. 

- Se facilitará a la víctima un teléfono de contacto directo y permanente con el/los funcionarios asignados para su atención individualizada.

- Se facilitarán a la víctima mecanismos o dispositivos técnicos que permitan una comunicación rápida, fluida y permanente entre la víctima y el cuerpo o fuerza de seguridad correspondiente, en los supuestos en que atendidas las circunstancias del caso y de la propia víctima ello sea necesario.

Una vez valorados los hechos y la situación de riesgo existente, se determinará la conveniencia de adoptar medidas específicas dirigidas a proteger la vida, la integridad física y los derechos e intereses legítimos de la víctima y sus familiares, entre otras:

Protección personal que, según el nivel de riesgo que concurra, podrá comprender hasta la protección permanente durante las 24 horas del día.

Utilización de dispositivos tecnológicos.

Información / formación sobre adopción de medidas de autoprotección.

Asegurar que la víctima sea informada de forma clara y accesible sobre el contenido, tramitación y efectos de la orden de protección; así como de los recursos policiales, sociales, de atención a la víctima y de los puntos de coordinación que se encuentran a su alcance.

Información expresa sobre los servicios de orientación jurídica gratuita y de asesoramiento por Abogado especializado. En los casos en que las circunstancias lo permitan, esta información podrá ser suministrada por el correspondiente Punto de Coordinación u Oficina de Atención a la Víctima. 

Asimismo, se procederá a la incautación de las armas y/o instrumentos peligrosos que pudieran hallarse en el domicilio familiar o en poder del presunto agresor. 

Y cuando la entidad de los hechos y/o la situación de riesgo lo aconseje, se procederá a la detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor.

Prestaciones económicas que reciben las victimas de violencia de genero:

1. Cuando las víctimas de violencia de género disponen de rentas mensuales inferiores al, al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluidas las pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, si se presume que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por ello no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.

2. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 %, el importe sería equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo.

3. Estas ayudas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales.

4. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente minusvalía en grado igual o superior al 33 %.
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